EMERGENCIA: Informe Panamá


10 de Febrero, 2012
Los Obispos solicitan a las autoridades, buscar una salida mediante el diálogo respetuoso y responsable con la dirigencia Gnöbe y evitar que existan enfrentamientos violentos.

El gobierno de Panamá ha propuesto que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal, el agustino recoleto José Luis Lacunza, en el conflicto con los indígenas por la defensa de sus tierras ancestrales.

 
Según informa la Orden Agustina Recoleta, una persona ha muerto y otras 46 resultaron heridas tras los enfrentamientos del pasado 5 de febrero entre la policía y los indígenas, muy cerca de la misión agustino-recoleta de Bocas del Toro.

El conflicto que mantienen el gobierno y la etnia Ngäbe Buglé, se debe a que estos últimos exigen garantías legales de que en sus territorios ancestrales se va a prohibir, además de la minería, la explotación de los recursos hídricos.

El canciller panameño Roberto Henríquez aseguraba, a los medios de comunicación, que el Ejecutivo está abierto a un diálogo con los indígenas --liderados por la cacica Silvia Carrera y el dirigente Rogelio Montezuma- y que propone que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, el agustino recoleto José Luis Lacunza.

Sin embargo, aclaró que no ha podido comunicarse con el obispo porque éste permanece en el área del conflicto, a casi 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, donde, por razones de “seguridad de Estado”, las comunicaciones móviles se encuentran suspendidas desde hace días por orden del gobierno .

El presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, pidió el cese de la “represión y persecución” a la que, según él, las autoridades someten a los miembros de la Coordinadora, y también la liberación “inmediata” de todos los detenidos durante choques entre indígenas y la policía.

Pese a que las protestas se han atomizado por distintas partes del país, el canciller Henríquez advirtió que el gobierno “de ninguna manera” va a tolerar que se vuelvan a bloquear las vías de comunicación, como ocurrió durante seis días entre San Félix, en la provincia de Chiriquí, y Viguí, en la provincia de Veraguas.

 

 Comunicado Arquidiócesis de Panamá

El Departamento de Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá, expresa a la  ciudadanía  en general  su preocupación ante los acontecimientos relativos a la protesta del Pueblo Ngöbe Buglé para que sea reconocido su derecho a la defensa de la vida y la necesidad de un diálogo responsable con las autoridades para encontrar una salida  negociada al  conflicto.

Frente a los últimos actos en la mañana de hoy, - Comunicado del gobierno y cierre indefinido de la carretera por parte del Pueblo Ngöbe por más de tres días y las consecuencias para las personas afectadas al no poder transitar  por la vía Panamericana, consideramos de vital importancia manifestarnos sobre el particular y compartir con  la opinión pública lo siguiente:

1.         Recordamos  el llamado realizado por su Santidad el  Papa Benedicto XVI a los ciudadanos y las autoridades del mundo, para definir una clara política ambiental, dirigida a impedir que se exploten, vendan o negocien los bienes naturales sin consideración a las poblaciones afectadas. En ese contexto, los Obispos panameños haciéndose eco de ese llamado, en el año 2010  reiteraron a las autoridades panameñas, que no dejaran de atender los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas que resienten la forma, métodos y resultados de proyectos mineros, hidroeléctricos y de otra naturaleza.

 

2.         Reafirmamos como Iglesia el compromiso, como discípulos y misioneros al servicio de la vida,  de acompañar a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, en defensa de su territorio (…) y la defensa de sus derechos. (DA 530)

 

3.         Solicitamos a las autoridades, buscar una salida mediante el diálogo respetuoso y responsable con la dirigencia Gnöbe y evitar  que existan enfrentamientos violentos que pongan en riesgo la vida de las personas durante la protesta social y, de la misma forma, sean reconocidos y respetados los acuerdos a los que se había llegado con dicha dirigencia en febrero de 2011 y que se garantice la  protección de las tierras, ríos y la vida del Pueblo Gnöbe Buglé y de los campesinos de nuestro país.

 

Dado en la ciudad de Panamá, 3 de febrero  de 2012.

 

Una vez más la ecología humana y ambiental se ven agredidas

 

Por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo ngobe-buglé en su propia comarca situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró 2 vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasado el gobierno asesinó en San Félix al trabajador ngobe, Jerónimo Rodríguez, hirió a 50 manifestantes y detuvo a cerca de 100 manifestantes.

El país fue sacudido desde el 31 de enero por una insurrección generalizada de los ngobe que protestaban contra un proyecto de ley en la Asamblea que permitiría la explotación minera e hidráulica en la Comarca. El rechazo de los desmanes del presidente y su equipo de gobierno se extendieron a casi todas las provincias del país. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo – el 80 por ciento de la población – sospecha que si hoy son los ngobe, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.

El acuerdo de San Lorenzo entre el gobierno y la dirigencia de la coordinadora ngobe buglé, alcanzado el 7 de febrero con la mediación de la Iglesia católica, puso fin a las protestas que sacudieron al país durante casi 10 días. Sin embargo, no eliminaron y tampoco mitigaron las causas del conflicto. Rogelio Montezuma, fiscal de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas, denunció que hay más de 200 desaparecidos. Sus familiares dicen que la lucha ngobe no ha terminado. “Ahora es que comienza” y seguirán vigilantes de que se cumpla lo acordado.

La insurrección ngobe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.

Los gnobes han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área que en 1997 fue declarada una comarca con sus leyes y reglamentos propios. En febrero de 2011 ante una ofensiva gubernamental, los ngobe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la comarca.

¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngobe buglé?
Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. En las entrañas de la comarca Ngobe Buglé está el yacimiento Cerro Colorado que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América latina.

La mina que podría producir más de 25 mil millones de dólares en un período de 70 años es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, el general Omar Torrijos era jefe de gobierno, se pensó que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales -Texasgulf, Canadian Javelin y Rio Tinto-Zinc – antes de abandonar el proyecto cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.

En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los 5 y 8 mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rápidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional con la participación de la trasnacional canadiense, Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.

La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial. Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngobe.

Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.

El Partido Alternativa Popular (PAP) anunció que acusaría al jefe de la Policía Nacional ante la Procuraduría General de la Nación por extralimitación de funciones. Igualmente, el PAP llevará una denuncia contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo ngobe-buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras en combinación con los rentistas panameños destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población ngobe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.

Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, la Inmet canadiense y el gobierno coreano están a punto de iniciar la extracción de cobre en la mina de Petaquilla, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Según el economista panameño, William Hughes, “aún cuando el gobierno del presidente Martinelli dice no estar interesado en explotar Cerro Colorado, la empresa canadiense Corriente Resources hace trabajos en el sitio con conocimiento del gobierno”. Todo indica que los empleados de la minera canadiense en la Comarca Ngobe Buglá realizan su labor en forma ilegal. Sin embargo, son ignorados por las autoridades. Hughes agrega que “Corriente Resources fue adquirida por empresas estatales chinas, la Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corp. Ltd.”

Otra fuente de conflicto son las empresas que tienen proyectos de generación de energía hidráulica en la Comarca Ngobe-Buglé. Familiares de altos funcionarios del gobierno tienen intereses en estas empresas. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño, exportarán energía por la red mesoamericana hacia el mercado de EEUU.

Panamá, 9 de febrero de 2012

 


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