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25 de Marzo, 2015
Visibilizando las luchas de los pueblos de Latinoamérica y El Caribe

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La Iglesia Católica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 19 de marzo, el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM (DEJUSOL), y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) presentaron formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, “sus preocupaciones sobre la vulneración de los derechos humanos y los efectos ocasionados por las industrias extractivas”.

Puntualmente participaron tres obispos (Perú-Brasil-Guatemala): monseñor Pedro Barreto, obispo de Huancayo (Perú);  monseñor Roque Paloschi, obispo de Roraima (Brasil); y monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango (Guatemala).

El presidente del DEJUSOL, monseñor Pedro Barreto, destacó lo valioso de la REPAM: “Es un espacio de diálogo y de apoyo mutuo, porque en los 6 millones de km2 de la Amazonia los problemas son parecidos. Las poblaciones indígenas y ribereñas se ven afectadas en sus derechos fundamentales. Son unos 35 millones de hermanos y hermanas”.

Monseñor Paloschi, miembro de la Comisión Amazónica de la CNBB, indicó su preocupación por el agronegocio: “Hay en la Amazonia una avalancha de proyectos armados por el gran capital, pero también está la extracción ilegal: la minería es muy fuerte, pero en Roraima avanza el agronegocio y la monocultura de caña, soya, palma y eucalipto”. E hizo pública la propuesta de la Iglesia durante su presentación ante la CIDH:

  • Canal permanente de cooperación
  • Formación sobre parámetros  internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas y no indígenas para agentes pastorales, líderes sociales y pueblos vulnerables.
  • Relatoría anual sobre amenazas y agresiones sufridas por agentes pastorales de la Iglesia Católica y líderes sociales para velar por el compromiso de los estados en materia de DDHH y pueblos indígenas.
  • Asumir corresponsabilidad internacional sobre la naturaleza y respeto de derechos humanos, de pueblos indígenas y no indígenas, reparación a víctimas y ambientales por las consecuencias de las industrias extractivas.
  • No criminalizar las manifestaciones sociales en contexto de conflictos socio ambientales.
  • Buscar salidas pacíficas y justas en respecto a la cultura y naturaleza

En tanto que el presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Guatemala, monseñor Ramazzini, puso la lupa sobre los indígenas y la pobreza: “Que se oigan las voces de las poblaciones indígenas, empobrecidas con las consecuencias de esta actividad extractiva que va contra el medio ambiente. Queremos hacer visible una problemática que no es bien conocida y menos aún comprendida”.

El Secretario Ejecutivo de Cáritas Ecuador y de la REPAM, Mauricio López recordó la invitación que sobre el punto hiciera el Papa Francisco cuando pidió "una participación más seria en los ámbitos en donde se toman las decisiones, sobre el pecado estructural". A lo que sumó los objetivos de esta instancia: “visibilizar el rol, la actuación de la Iglesia y dar cuenta de lo que el papa Francisco está planteando en la encíclica que viene -seguramente para junio-, la presión que él va a ejercer desde su poder simbólico, pero tratando de influir éticamente en lo que será la COP 21* en París". 

HEROICA, PRÓXIMA, PRÓJIMA

Así definió la presencia de la Iglesia entre los pueblos que han luchado y luchan en defensa de sus derechos el ya citado Mauricio López: “Hoy la REPAM está patrocinada por las cuatro instancias (DEJUSOL-CELAM, SELACC ──Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas─ y la CNBB ──Conferencia Episcopal de Brasil──), por múltiples congregaciones, Conferencias Episcopales, está dando un paso adelante en la concreción de lo que significa acompañar procesos concretos".

La delegación entregó a la CIDH un informe donde se detallan casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas y donde se indica expresamente la detección de la indiferencia por parte de muchos estados de la región ante estas prácticas que afectan la salud y la vida de comunidades indígenas y campesinas. Destacan, además, “como prácticas usuales de los Estados la criminalización de la protesta, las agresiones a los defensores de derechos humanos, así como el crecimiento de la conflictividad social como consecuencia de las extracciones de recursos naturales”.

David Lovatón, abogado y asesor del CELAM, presentó ante los comisionados 5 casos emblemáticos: “en Brasil, Piquiá de Baxio; en México, San José de Guajaca y en Honduras, Comunidad Nueva Esperanza, por la incidencia de la actividad minera. En Ecuador, en el Parque Nacional Yasuní y en Perú en Amazonas y Loreto, por los impactos de la explotación petrolera; los cinco casos denuncian agresión y vulneración de los derechos y los pueblos indígenas”, indica Caritas Ecuador.

Más abajo se podrá acceder a la carta que le envió monseñor Paul-André Durocher  ──arzobispo de Gatineau (Canadá), presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos── al presidente del CELAM, monseñor Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla (México) en tres lenguas: español, francés e inglés.

*: COP21: es la 21ª conferencia sobre el clima (Paris Climat 2015) organizada por las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se realizará a partir del 30 de noviembre de 2015.

 

VIRGINIA BONARD
FUENTES: Agencias, Portales, Radios, Cáritas Latinoamérica y de Ecuador, Signis

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A partir de aquí se puede leer la exposición completa de monseñor Álvaro Ramazzini, ante los comisionados de la CIDH:

"Desde la Iglesia constatamos que es cierto que desde las industrias extractivas generan importantes recursos económicos para nuestros países, pero también es cierto que hay ahora una expansión acelerada de estas industrias, sea formales, como informales, y una explotación irracional que está impactando negativamente el medio ambiente de las poblaciones aledañas, afectando sobre todo el derecho al uso del agua, con consecuencias negativas para la salud de las personas. En esa situación hay una corresponsabilidad de los estados, tanto de los estados en donde se actúa con la explotación de estas industrias extractivas, como de los estados que con sus empresas actúan fuera de sus territorios, como es el caso de EE.UU., Canadá y otros.

Vemos también con preocupación que las instituciones financieras y las empresas transnacionales involucradas en este tipo de industrias se hacen fuertes, al punto de subordinar las economías locales y debilitar a los propios estados. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha denunciado que en ciertos casos se ha dado un comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades extractivas no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas.

En algunos estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT, dicho convenio no se cumple, y origina así conflictos en las comunidades indígenas. Muchas veces las industrias extractivas internacionales no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo económico; la calidad de vida, tanto de las personas, como de los animales y plantas, se sacrifica por la contaminación producida por las explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Generalmente las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua, como un bien público y necesario. Podemos vivir sin el oro, o la plata o el petróleo, pero la vida de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importante que la explotación de los metales.

Estamos convencidos de que es necesario lograr un equilibrio entre la protección y cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Hemos descuidado este bien precioso que es el medio ambiente y así hemos olvidado la gravísima responsabilidad de cuidar el planeta para que las futuras generaciones lo encuentren en mejores condiciones. Ese es un asunto de justicia transgeneracional. No se debe aceptar que la riqueza material actual sea la causa de la pobreza de las futuras generaciones.

Para afrontar debidamente esta responsabilidad es necesario tomar en cuenta los componentes de un auténtico desarrollo humano integral, no solamente económico: componentes como la sostenibilidad, la inclusión social de los más empobrecidos, la regulación y la máxima reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente. La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que una correcta concepción de medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación, por el contrario la intervención del ser humano en la naturaleza debe regirse por principios éticos, tales como el respeto a las otras personas y a sus derechos, y el respeto hacia las demás criaturas vivientes. No somos los dueños de la creación, somos sus guardianes y administradores y desde hace tiempo la Iglesia católica viene advirtiendo sobre los impactos que a nivel global pueden causar la contaminación y la explotación desmedida de los bienes naturales. El santo papa Juan Pablo II, el papa Benedicto XVI han exhortado para que tomemos en cuenta que estamos delante de una crisis ecológica, en el sentido no solo de la palabra, sino económica y humana. Una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero.

Por eso, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Buscar una sana compatibilidad entre la sostenibilidad y la prosperidad de las comunidades, tanto en las zonas rurales como urbanas, por medio de medidas legislativas y normativas, es un reto al cual los estados debes, poniéndose de acuerdo, buscar consensos, para reducir la pobreza y las amenazas a la vida y medios de subsistencia de los más pobres y desfavorecidos.

¿Quiénes son los más pobres? Los más pobres entre los pobres son los pueblos indígenas, quienes se ven afectados por la degradación y contaminación del ambiente. Una situación particular que nos preocupa es el de la Amazonía. Hasta hoy, ni gobiernos nacionales, ni comunidad internacional han hecho lo suficiente para detener la deforestación, la contaminación de los ríos, la depredación de las especies y la grave vulneración de los derechos y estilos de vida de los pueblos indígenas que ahí viven ancestralmente. Queremos ratificar nuestro compromiso con la Amazonía, plasmado ahora en la creación de la Red Eclesial Pan Amazónica. Este compromiso nace de las opciones que hemos hecho los obispos en América Latina, de acuerdo al evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los compromisos tomados en las cinco conferencias generales del episcopado latinoamericano y del Caribe y como resultado de oír el clamor de los pueblos excluidos y marginados. No vamos a quedar indiferentes ante este grito, por eso también quiero recalcar lo que ha dicho el arzobispo Barreto al señalar que nos preocupa en este momento grandemente la criminalización de las y los defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Esto va desde ataques personales y calumnias, hasta hostigamientos, procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos.

En este momento hay una criminalización de la protesta social, aún cuando sea justa y legitima. Finalmente, honorables comisionados, en el marco de la separación de la iglesia católica y Estado, consideramos que debemos juntos buscar, estados nacionales, empresas nacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional otros modelos alternativos y sostenibles del desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales".

Más abajo se podrá acceder a la carta que le envió monseñor Paul-André Durocher  ──arzobispo de Gatineau (Canadá), presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos── al presidente del CELAM, monseñor Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla (México) en tres lenguas: español, francés e inglés. En ella, los obispos de Canadá expresan su solidaridad con el Consejo Episcopal Latinoamericano y le reiteran su "apoyo con motivo de su audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".


Descargue a continuación:

· Carta en español

· Carta en inglés

· Carta en francés




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