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19 de Febrero, 2014
CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

Comisión Episcopal de Justicia y Paz

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"Tenemos que ser testigo de la verdad"

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que tiene por misión "participar en la construcción de una convivencia justa y pacífica fundada en la fe y en el respeto a la dignidad humana", expresó su rechazo ante los incidentes de orden público ocurridos en el presente mes, al tiempo que manifestó su dolor ante el costo humano de las manifestaciones que se han desarrollado en diferentes zonas del país.

En el momento de hacer público su mensaje "tenemos que ser testigo de la verdad", el pasado 14 de febrero, la Comisión lamentaba la pérdida de tres ciudadanos fallecidos y de aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos.

Por eso, y ante esta situación, expresó su rechazo a la "criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar"; "la participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales"; "el uso desproporcionado e indiscriminado de las fuerzas para mantener el orden público, vejando la dignidad humana"; "la restricción de la información y la autocensura que generan rumores infundados, incertidumbre y desasosiego en la población"; "las detenciones arbitrarias"; "los tratos crueles para con los detenidos, que atentan contra la dignidad humana"; y "cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacífica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos".

De igual forma, la Comisión de Justicia y Paz, exigió "a los partidos políticos, a la sociedad civil, y a las instituciones del Estado venezolano, a tolerar y reconocer las diversas ideas, opiniones y planteamientos, para dialogar, negociar y construir de manera democrática, alternativas inclusivas, justas y pacíficas". También pidió "respuestas institucionales apegadas al debido proceso, que orienten de manera eficaz, independiente e imparcial, una investigación para garantizar la verdad y la consecución de la justicia". Con relación a los detenidos, se hace necesario dar a conocer un listado con su ubicación exacta y los cargos que se les imputan, a fin de "garantizar el derecho a la legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar".

Al tiempo que los obispos reiteraron su solidaridad con todos los familiares de las víctimas, también recordaron que manifestarse y protestar, de manera pacífica y en el marco constitucional, es un derecho que el Estado venezolano debe respetar, garantizando la integridad de las personas.

El mensaje, firmado por mons. Roberto Luckert León, presidente de la comisión de Justicia y Paz, y mons. Baltazar Porras, presidente de la comisión de Pastoral Social, concluye con un compromiso: "desde la Vicaría de Caracas, La Vicaria de Los Teques y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal a trabajar conjuntamente con el foro por la vida en el acompañamiento y la asesoría las víctimas y hacer un seguimiento a los hechos ocurrido, exigiendo una investigación independiente, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos".

Al cierre de esta edición del NOTICELAM sumaban 5 los muertos en la violencia desatada en Venezuela.


ÓSCAR ELIZALDE PRADA
Fuente: www.cev.org.ve 




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