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18 de Junio, 2014
Obispo de Puerto Maldonado denuncia acciones de violencia contra familias de mineros

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El pasado 11 de junio monseñor Francisco González Hernández, O.P., obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado (Perú), solicitó al gobierno peruano, ante el Congreso de la República, que cesen las operaciones de interdicción que traen consigo destrucción y muerte en esta región.

La denuncia la realizó en compañía del padre Pablo Zavala Martínez, que desarrolla su misión evangelizadora en diversas comunidades de la provincia del Manu en Madre de Dios.

De acuerdo con los religiosos, el gobierno de Perú, en su propósito de combatir la minería ilegal y de los pequeños mineros independientes, ha cerrado decenas de tiendas que ofrecen sus servicios a quienes trabajan ilegalmente, muchas de las cuales pertenecen a las familias de los mismos mineros. Ante la amenaza de Daniel Urresti, responsable por parte del gobierno, de cerrar más de 200 bares, restaurantes, farmacias, talleres… afirmando que “si los propietarios de estos negocios no acatan la orden, sus locales serán destruidos” por parte del ejército y la policía, el obispo González Hernández expresó que “vengo a denunciar para que esto no se dé más. Estamos ante un Estado que está cometiendo terror y acoso a una población que hoy está inerte, sin patrimonio, sin nada; temerosa y controlada por todos los lugares. En nombre de Dios pido que todo esto sea detenido”.

En efecto, se teme que con la invasión policial y militar, el régimen del terror se apodere de la región. Por su parte, el padre Zavala Martínez manifestó que “el problema ahora no es sólo de la actividad minera sino de todo el pueblo. Se ha convertido en un problema para la vida de la población, de las personas”. Asimismo, acentuó que “se ha creado una situación tan difícil que en cualquier momento podría estallar”.

La Iglesia en Perú permanece atenta y cercana a las familias de los mineros.

ÓSCAR ELIZALDE PRADA
FUENTES: AGENCIAS CATÓLICAS




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