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30 de Julio, 2014
Propuestas de la Iglesia chilena ante el proyecto de Ley de Educación: reflexiones sobre políticas públicas ante los proyectos del Gobierno

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Ante el primer proyecto de ley sobre la reforma educativa de Chile, presentado por el gobierno nacional en mayo, la Iglesia dio a conocer, el pasado 21 de julio, algunas reflexiones que “inspiran los criterios a la hora de legislar sobre políticas públicas, y desde los cuales nos sentimos llamados a evaluar las normas del actual proyecto del Gobierno sobre educación”.

Se trata de un documento elaborado por el Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), en el cual se retoman los aportes de dos documentos anteriores y se recuerdan algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia como el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiaridad, la participación y la solidaridad; además de los principios inspiradores de la naturaleza y fines de la educación, según el Magisterio de la Iglesia.

A la luz de estos elementos referenciales, la Iglesia chilena concibe la educación “como un proceso de formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura (…). Ello exige confrontar e insertar valores perennes en el contexto actual. De este modo, la cultura se hace educativa”.

Recordando la preocupación de la iglesia latinoamericana y caribeña en Aparecida, frente al “reduccionismo antropológico” de las reformas educativas, también se enfatiza que “no se puede olvidar que se enseña para educar, o sea, para formar al ser humano desde dentro, para liberarlo de los condicionamientos que pudieran impedirle vivir plenamente como hombre y mujer”.

En este punto, la iglesia manifiesta su preocupación por una antropología de sentido, como lo ha enfatizado el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago y presidente de la CECh: “la falta de arquitectura de la reforma me hace percibir un esfuerzo enorme por fabricar puertas y ventanas, sin saber, sin embargo, para cuál edificio se están construyendo. Se ha privilegiado lo instrumental, dando por supuesto lo que es esencial, es decir, el hecho educativo puesto al servicio del crecimiento de todas las personas (…). Echamos de menos en el proyecto una antropología de sentido que dé sustento sólido a los cambios instrumentales”.

Por otra parte, ante el peligro de la segregación como camino opuesto al desarrollo solidario, el cardenal Ezzati precisó que “el único camino que veo posible es privilegiar decididamente a los más pobres con una educación de verdadera calidad”.

Teniendo en cuenta estas y otras reflexiones, la CHCh presenta algunas propuestas al proyecto, en las cuales se abordan ocho asuntos prioritarios: (1) el dilema de ser “solo administradores de la subvención”; (2) los descuentos o la negación de la subvención; (3) la Superintendencia de Educación y las sanciones; (4) la calidad educativa; (5) la gratuidad financiada; (6) la justa retribución a la gestión; (7) la admisión de alumnos y la libertad de enseñanza; (8) y los nuevos establecimientos y el derecho a elegir.

Noticelam reproduce el documento íntegro, firmado por monseñor Héctor Vargas Bastidas, obispo de San José de Temuco y presidente del Área Educación de la CECh.

ÓSCAR ELIZALDE PRADA
FUENTES: CECh, Fides y El Mercurio

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Propuestas al Proyecto de Ley sobre Educación de Mayo 2014


En el contexto del actual Primer Proyecto de Ley sobre la Reforma Educacional, damos a conocer este tercer documento del Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile. A la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y de su Magisterio en Educación, ofrecemos esta sencilla reflexión que inspira los criterios a la hora de legislar sobre políticas públicas, y desde los cuales nos sentimos llamados a evaluar las normas del actual Proyecto del Gobierno sobre educación, y con motivo de su trámite en la Cámara de Diputados.

I. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica: se trata del principio de la dignidad de la persona humana y su dimensión trascendente, en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento. La dignidad de la persona humana procede de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios y tener una destinación eterna. Es en esta dignidad en la que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento, tales como el bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad. Estos principios, expresión de la verdad íntegra sobre el hombre conocida a través de la razón y de la fe, brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias —comprendidas en el Mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la Justicia— con los temas que surgen en la vida de la sociedad, entre ellos el de la educación.

Estos principios tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. Para su plena comprensión, es necesario actuar en la dirección que señalan, por la vía que indican para el desarrollo de una vida digna del hombre. La exigencia moral inscrita en los grandes principios sociales concierne tanto al actuar personal de los individuos, como primeros e insustituibles sujetos responsables de la vida social a cualquier nivel, cuanto de igual modo a las instituciones, representadas por leyes, normas de costumbre y estructuras civiles, a causa de su capacidad de influir y condicionar las opciones de muchos y por mucho tiempo. Los principios recuerdan, en efecto, que la sociedad históricamente existente surge del entrelazarse de las libertades de todas las personas que en ella interactúan, contribuyendo, mediante sus opciones, a edificarla o a empobrecerla.


EL BIEN COMÚN


De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser “con” y “para” los demás.


Las exigencias del bien común atañen, ante todo, al compromiso por el respeto a la vida humana y a la integridad de las personas, al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre.


La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable.


EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES


Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes. En efecto, Dios dio origen a la creación para que todos los bienes de la tierra estén al servicio de todos los hombres sin excepción. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo: el principio del uso común de los bienes, es el “primer principio de todo el ordenamiento ético-social”. Se trata ante todo de un derecho natural, inscrito en la naturaleza del hombre, y no solo de un derecho positivo, ligado a la contingencia histórica. Es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método socioeconómico.


El principio del destino universal de los bienes invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario, en el que la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva, donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros ni un pretexto para su servidumbre, explotación o exclusión.


El principio del destino universal de los bienes afirma, tanto el pleno y perenne señorío de Dios sobre toda realidad, como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan finalizados y destinados al desarrollo de todo el hombre y de la humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo. La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ella relativas, es, en su esencia, solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin.


SUBSIDIARIDAD

La exigencia de tutelar y de promover las expresiones originarias de la sociabilidad es subrayada por la Iglesia en la encíclica “Quadragesimo anno”, en la que el principio de subsidiaridad se indica como principio importantísimo de la filosofía social: “Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.


Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) —por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. La experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa.


Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público: “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos”. La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiaridad.

A la actuación del principio de subsidiaridad corresponden: el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien común; la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada responsabilización del ciudadano para “ser parte” activa de la realidad política y social del país.

Diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite en modo excepcional y no más allá del tiempo estrictamente necesario una función de suplencia, sobre todo si es para corregir graves injusticias En todo caso, el bien común correctamente entendido, cuyas exigencias no deberán en modo alguno estar en contraste con la tutela y la promoción del primado de la persona y de sus principales expresiones sociales, deberá permanecer como el criterio de discernimiento acerca de la aplicación del principio de subsidiaridad.


PARTICIPACIÓN

Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común.


El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla.


SOLIDARIDAD

La solidaridad es una verdadera y propia virtud moral, no un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. El término “solidaridad” expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación.

El principio de solidaridad implica que los hombres y mujeres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos: son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio, indivisible e indispensable, constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes materiales e inmateriales, y todo aquello que la actividad humana ha producido.


II. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA NATURALEZA Y FINES DE LA EDUCACIÓN


1. El concepto de Educación


Desde la Enseñanza de la Iglesia, la concebimos como un proceso de formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura. Y esta, entendida como rico patrimonio a asimilar, pero también como un elemento vital y dinámico del cual forma parte. Ello exige confrontar e insertar valores perennes en el contexto actual. De este modo, la cultura se hace educativa. Una educación que no cumpla esta función, limitándose a elaboraciones prefabricadas, se convertirá en un obstáculo para el desarrollo de la personalidad de los alumnos.


Es decisivo que todo miembro de la comunidad educativa tenga presente tal visión de la realidad, visión que se funda, de hecho, en una escala de valores en la que se cree y que confiere a maestros y adultos autoridad para educar. No se puede olvidar que se enseña para educar, o sea, para formar al ser humano desde dentro, para liberarlo de los condicionamientos que pudieran impedirle vivir plenamente como hombre y mujer. Ningún maestro educa sin saber para qué educa, y que a su vez, siempre existe un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo, y que ese proyecto vale o no, según construya o destruya al educando. Ese es el valor educativo ( CELAM: Documento de Santo Domingo, 265). La educación, entonces, se transforma en una actividad humana del orden de la cultura, cuya finalidad esencialmente humanizadora se hará realidad en la medida en que más se abra a la trascendencia, es decir, a la Verdad y al sumo Bien (CELAM, Documento de Puebla, 1024).


2. La problemática del contexto educativo latinoamericano


América Latina, y por tanto también Chile, viven una particular y delicada emergencia educativa. En efecto, las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas justamente para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado (CELAM, Documento de Aparecida, 328). Así tienden a caracterizar las conclusiones de pragmatismo, y la búsqueda más bien de resultados de tipo cuantitativo e inmediatista.


Creemos que los problemas educacionales obedecen a situaciones mucho más profundas y que es imperioso discernir y ayudar a descubrir. Por ello, la sola respuesta a temas que pensamos pueden resolverse con cierta agilidad y acuerdos políticos, financieros y legislativos, no logrará satisfacer los grandes anhelos existenciales de nuestra juventud, a sus necesidades de desarrollo afectivo, intelectual, ético, social y espiritual, que es el núcleo de una auténtica educación de calidad es más, podría incluso implicar nuevas frustraciones.


Por ello es necesario poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Pero no se da libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. Se dice esto, porque, aun en el ámbito de la educación, se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetro de los valores, corriendo así el peligro de responder a aspiraciones transitorias y superficiales y perder de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo (Documento de Aparecida, 330), como son formar personalidades fuertes y responsables, capaces de hacer opciones libres y justas. Características a través de las cuales los jóvenes se capacitan para abrirse progresivamente a la realidad y formarse una determinada concepción de la vida. Así configurada, la educación supone no solamente una elección de valores culturales, sino también una elección de valores de vida que deben estar presentes de manera operante (Congregación para la Educación Católica, La Escuela Católica, 30).


A su vez, nos preocupa seriamente que cada vez más escasamente se afirme la primacía de los padres a educar a sus hijos y que la familia es la primera educadora por derecho propio, y que gradualmente vaya siendo marginada en los grandes debates acerca de la educación, su concepto y sus formas de implementación. En definitiva, gradualmente pareciera que se va silenciando el rol de la familia como primer referente de la vida en sociedad. Por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y la grave obligación de educarlos. La sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores. El deber de la educación familiar, como primera escuela de virtudes sociales, es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse (Documento de Aparecida, 339).


“Es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer deber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdadera libertad en la elección de la escuela. El poder público, a quien corresponde proteger y defender las libertades civiles, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar que las ayudas públicas se distribuyan de tal manera que los padres puedan elegir, según su propia conciencia y con verdadera libertad, las escuelas para sus hijos. Por consiguiente el mismo Estado (...) debe promover, en general, toda obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los derechos naturales de la persona humana, al progreso y divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades\" (Concilio VAT II, Gravissimum Educationis, 21).


III. APORTES AL PRIMER PROYECTO DE REFORMA ESCOLAR


Ante el anuncio del actual Gobierno, en cuanto a que se deseaba llevar a cabo una Reforma Educacional estructural, nuestra actitud como Iglesia ha sido fundamentalmente de apoyo y expectativa, toda vez que la educación es un ámbito que necesita por su misma naturaleza, estar en permanente renovación y cambio. Ello es fruto del impacto que en cada nueva generación van teniendo las transformaciones culturales, históricas y socio económicos, que se suceden en los contextos en que esta se desarrolla y educa.


Cuando se hizo público que el mencionado enfoque para el mundo escolar, consistiría esencialmente en la gratuidad de toda la educación particular subvencionada, la eliminación de la selección de alumnos, del copago, del lucro, nos pareció que eran temas interesantes de enfrentar. Nuestra postura ante otro proyecto de ley, fue nuevamente de discernimiento respecto de sus fundamentos y significado, como de colaboración respecto tanto de lo que estimamos pueda ser valioso al bien común del país, como a la hora de aportar al mismo con propuestas y crítica positiva.


La intención iría en la línea de fortalecer y mejorar la Educación Pública, poner fin a una serie de abusos en un porcentaje de establecimientos particulares, un avance interesante en la línea de la opción por los pobres, de la equidad, y en el desafío de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados de inclusión e integración social.


Habiendo conocido el mencionado Proyecto en sus detalles y características, y en el momento que este se encuentra en su primer trámite legislativo, y a la luz de los principios que se han expuesto anteriormente, el Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, desde su rol de servicio a la educación del país, se siente llamada a ofrecer las siguientes reflexiones y luego algunas propuestas a modo de indicaciones:


A. Reflexiones previas


Al tratarse de una Reforma que busca llevar a cabo un cambio paradigmático en el sistema educacional chileno, habría sido muy importante haber dado unos pasos preliminares. Entre ellos, la instalación de un gran diálogo y debate democrático acerca de los valores que constituyen la identidad cultural que caracteriza el alma nacional; discernir juntos como el país que anhelamos construir entre todos, la realidad global de nuestros niños y jóvenes, sus principales necesidades en los diversos ámbitos de su vida, las esperanzas de la sociedad para un desarrollo en equidad y a escala humana, y finalmente a la luz de la pluralidad y diversidad propias de una sociedad libre y democrática, el tipo de educación de calidad pertinente a lo anterior, respetando al mismo tiempo la naturaleza y fines esenciales de la misma, en donde la vida de la persona de los alumnos está en el centro del hecho educativo.

Lamentablemente la premura de los tiempos y objetivos políticos han dicho otra cosa. Ha primando un pragmatismo que nos ha obligado a analizar solo una parte en sí misma, al margen de una propuesta más global que le daría su sentido orgánico y procesual, pero de la cual se desconocen hasta ahora sus características y alcances.


Al no haber ocurrido así, este proyecto se ha centrado solo en la educación particular subvencionada, no considerando desde el principio de la subsidiaridad, una reflexión de fondo acerca de su naturaleza, de sus fines específicos, del lugar que está llamada a ocupar en la globalidad del sistema educacional, de su servicio a las familias humildes y de clase media que la buscan mayoritariamente, y lo que se espera desde su originalidad al desarrollo del país. En efecto, el Proyecto de Ley se reduce más bien a medidas pragmáticas sobre cuatro objetivos concretos, relacionados fundamentalmente con aspectos de tipo económico.


De un sereno análisis de toda la propuesta, no es difícil concluir, por las características y consecuencias de algunos de sus artículos para las comunidades educativas, que ha faltado un diagnóstico más acabado e integral acerca de la realidad objetiva y complejidad del funcionamiento de todo el sistema particular subvencionado. Si el diagnóstico no refleja el pleno conocimiento de este tipo de educación, resultará incompleto y/o sesgado, conllevando el riesgo de inducir a decisiones erróneas que pueden hacer un flaco favor a la justicia con esta modalidad de provisión educativa, y sobre la cual en el Proyecto no se percibe algún grado de reconocimiento.


Sin perjuicio de lo anterior, queremos igualmente colaborar con nuestro sencillo aporte, para que se logre corregir prácticas abusivas por parte de un porcentaje de sostenedores inescrupulosos, y que condenamos por el grave daño causado al sistema. La eliminación del lucro entendido como negocio y usura con fondos públicos, y en desmedro de una educación de calidad y trato laboral indigno de sus trabajadores, no solo es necesaria, sino un imperativo moral.


Sin embargo, algunas de las decisiones por las que ha optado el Proyecto de Ley a la hora de concretizarla, están suscitando innegables desconciertos y grandes preocupaciones, no solo al interior del sistema educacional. En efecto, de una lectura trasversal del documento, y de la sumatoria de nuevas normas, restricciones y sanciones propuestas, queda la sensación de una fuerte desconfianza hacia la totalidad de la educación particular subvencionada, acompañada por parte de algunos sectores de una propaganda de desacreditación indiscriminada, con caricaturas inaceptables que falsean gravemente la realidad objetiva.


Las necesarias normativas y regulaciones por parte del Estado hacia los cuerpos intermedios reconocidos, han de reflejar ante todo en la fundamentación de la propuesta, su valorización, plena confianza, credibilidad en ellos y en su aporte al bien común. La educación, por lo delicado de su misión, es esencialmente un tema de confianza, que se inicia con la de los padres al poner en la escuela elegida la formación integral y la vida de sus hijos, la de los miembros de la comunidad educativa entre sí, y la del Estado en el proyecto educativo propio de cada establecimiento. Sin confianza, no es posible educar.


De hecho, una de las conclusiones a las que se podría llegar luego de una lectura transversal y global al Proyecto, es que, sin proponérselo, las escuelas particulares y públicas con aparentes proyectos educativos diversos, terminarían con un modelo de gestión administrativa, curricular y económica muy similar. Ello como condición para impetrar subvención. Uno de los riesgos es la agudización de la unificación de todo el sistema subvencionado, que debe evitarse por la seriedad de los principios involucrados.


Se debe recordar que la base jurídica de la subvención a las escuelas particulares, consiste en que no sea la situación económica la que impida a una familia elegir la educación de sus hijos. Es deber del Estado dar los aportes para ello, en razón que todas las familias chilenas, en su condición de contribuyentes, tienen el derecho de exigir sin discriminación alguna disponer de fondos que les pertenecen a todos. Como consecuencia, esta subvención, si bien ha de tener razonables exigencias, no puede pensarse prioritariamente como un mero mecanismo condicionante para exigir a todas las escuelas un determinado modelo de gestión, que justamente pudiera poner en riesgo la diversidad de elección de los padres, principio base de la libertad de enseñanza.


En las esferas oficiales, en el mundo político y en la sociedad en general, se ha afirmado reiteradamente que se desea en el país la permanencia de la provisión mixta en educación, debido a los innumerables beneficios e innegables aportes a la sociedad chilena y su historia. Ello exige en coherencia asegurar en esta Ley amplios espacios para construir sus proyectos educativos, para llevarlos a cabo de acuerdo a la filosofía y estilo educacional de cada plantel, y para gestionarlos desde una sana autonomía curricular, pedagógica y económica. De esta forma se puede responder a la variedad de colectivos sociales de un país diverso y plural como el nuestro, y como expresión genuina de un auténtico sistema democrático.


B. Propuestas al Proyecto


1. Sostenedores – administradores


La propuesta afirma que los actuales sostenedores se transformarán ahora en “solo administradores de la subvención”. ¿Significa que los sostenedores para este efecto pasarían a ser funcionarios públicos, administrando la subvención de acuerdo a las exigencias de las instituciones públicas?


Si esto no se despeja adecuadamente, podría interpretarse como la instalación de un modelo de gestión económica pública en los establecimientos particulares, que limitaría fuertemente la disponibilidad de los recursos a la hora de administrar con autonomía la realización de sus proyectos educativos. Estimamos que esta figura no es necesaria porque existirán regulaciones más que suficientes para evitar un mal uso de la subvención.


2. Descuentos o negación de la subvención


Las formas a la hora de descontar, o simplemente negar toda la subvención a una escuela como castigo en un determinado mes, requiere una fuerte revisión. No queda claro el procedimiento mediante el cual esto se llevaría a cabo. Se percibe una evidente desproporcionalidad entre el grado de infracción y la negación de la subvención que no puede aceptarse. Esta pena máxima ha de quedar restringida a temas estructurales, y no a simples faltas propias de la marcha cotidiana de las escuelas. Así como está presentado, se prestaría para serias arbitrariedades y consecuencias para las comunidades educativas. Debe recordarse que este aporte a fin de mes, es el justo pago a un servicio que ya se prestó, con todos los respectivos gastos. Pedimos por ello una revisión de esta política.


3. Superintendencia de Educación y sanciones


La próxima Ley debe asegurar para la Superintendencia de Educación reglas claras, objetivas y conocidas a la hora de supervisar y sancionar. El graduador de las multas debe actuar sobre la base de protocolos establecidos, objetivos y transparentes, que eviten toda sospecha de prejuicios, arbitrariedad y subjetivismo. Asimismo, han de quedar claras las legítimas instancias de apelación. Nunca debe olvidarse que esos recursos confiscados, no solo son un derecho de los alumnos, familias y personal, sino que afecta la calidad de su educación. Un dilema ético a resolver. Se sugiere estudiar a su vez otro tipo de sanciones, no exclusivamente las económicas.


4. Calidad educativa


Considerando que el actual Proyecto está referido a la educación particular subvencionada, se echan de menos propuestas que favorezcan el crecimiento en la calidad de su educación. Es por ello que se solicita en el proyecto mejorar la calidad, relacionada directamente con logro de los objetivos y fines de sus propios proyectos educativos, en el ámbito pedagógico, curricular, ejercicio de la docencia, otros profesionales y medios que lo garanticen.


5. Gratuidad financiada


En la actualidad todos coinciden en que los montos que ofrece la subvención son muy insuficientes para lograr este objetivo. Es por ello que muchas familias no han vacilado en sumar recursos propios a la subvención, y así aportar a una mejor educación en los colegios de copago. La finalidad del término del financiamiento compartido y la plena gratuidad, adquieren su verdadero sentido y justificación en la medida en que el solo aporte estatal asegure la calidad de educación. Sin embargo, del Proyecto no se deduce que ello ocurra. En efecto, más allá de los diversos mecanismos de aumento por concepto de subvención y otros, los montos otorgados por el Estado continuarían siendo igualmente insuficientes. Es más, aún equiparando en los de copago de hasta $ 38.000 el ingreso actual de los padres, igualmente los montos por alumno estarían aproximadamente en un 50% de lo que requiere una educación de mayor calidad.


En consecuencia, los pobres y la clase media del país deberán educarse solo con aquellos medios que el Estado estará en condiciones de ofrecer. Y estos no alcanzarán, al menos en los próximos años, al punto de los colegios con copago en los tramos más altos. No obstante lo asegurado por el mismo Proyecto de Ley en su Fundamentación, el Estado ahora no está en condiciones de equiparar el aporte de los padres, creando incertidumbre sobre la viabilidad futura del colegio. Esto podría provocar el cierre o su conversión en establecimientos pagados, afectando aproximadamente a más de 250.000 familias, lo que creemos debe evitarse. Exhortamos a integrar en el Proyecto, una fórmula que permita asegurar el financiamiento tanto del buen funcionamiento de los colegios, como de la calidad educativa para los alumnos de todo el sistema subvencionado, que será gratuito.


6. Justa retribución a la gestión


Una novedad ha sido el anuncio de que las fundaciones sostenedoras de colegios, que no son dueñas de la propiedad en que funcionan, han de comprarla para poder seguir operando. Si el tema es evitar posibles abusos con recursos públicos, ¿por qué no aplicar, por ejemplo, los criterios de la Ley de la Renta, u otros? De este modo se salvaguardarían varios temas: montos considerables para fortalecer la educación pública y mejorar la calidad de la educación; evitar la pérdida de patrimonio que en casos se ha poseído por más de un siglo al servicio del bien común; obtener, ya sea como arrendatario o como sostenedor, un justo y razonable ingreso por destinar un valioso patrimonio a la educación sin fines de lucro y no a otra actividad de tipo comercial, o ya sea porque en calidad de sostenedor se debe llevar a cabo un considerable trabajo, propio de una gestión tan compleja como la prestación de un servicio educacional y su legislación específica. Se sugiere estudiar, entre otras, la posibilidad de arriendo regulado entre instituciones de Derecho Público sin fines de lucro.


7. Admisión de alumnos y Libertad de Enseñanza


El derecho de los padres a elegir el colegio que desean para sus hijos, es un principio directamente relacionado con el ejercicio de la libertad de enseñanza, y de grandísima sensibilidad para las familias. Sin embargo, para que esa opción sea consciente y responsable, debe estar avalada por el máximo conocimiento posible del proyecto educativo del colegio respectivo. Se debe recordar que cada establecimiento, particular o municipal, es distinto a todos los demás. Ello implica conocer el modelo de persona en que van a ser educados sus hijos; los principios, virtudes, valores y actitudes que les serán anunciados e invitados a desarrollar; las experiencias educativas a vivir; el tipo de ambiente en que se llevarán a cabo; los acentos curriculares a la hora de diseñar los aprendizajes; las tradiciones y el estilo educativo propio que constituyen el espíritu y la mística del establecimiento; las exigencias y los compromisos que los padres están llamados a asumir en la formación de sus hijos.


Pensamos que es perfectamente posible legislar en vista a mantener los procesos de admisión en los mismos establecimientos, pero con una regulación que impida seleccionar sin discriminar por razones socioeconómicas, de rendimiento y condición familiar, asegurando porcentajes de matrícula importantes para los prioritarios, preferentes, como para aquellos que se han destacado en sus escuelas en razón de su esfuerzo, constancia y mérito.

8. Nuevos establecimientos y el derecho a elegir


Se afirma que se prohibiría la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados, en sectores con establecimientos con matrícula disponible. ¿Y si el proyecto educativo de un nuevo colegio, es diverso a los existentes? ¿O si forma parte de instituciones públicas o privadas de largo y gran prestigio en calidad educacional, ausentes en esa comuna? ¿Se podrá en un régimen democrático y plural, que proclama el valor de la diversidad, coartar de este modo la libertad de gestión por una parte, y el derecho a elección de los padres por otra? ¿O estarán los pobres y la clase media destinados a contar con la sola oferta existente, independientemente de su calidad y variedad? El legítimo derecho y obligación del Estado a planificar convenientemente los recursos públicos, debe compatibilizarse con otros derechos y libertades tan legítimos como el anterior. Se sugiere estudiar nuevas regulaciones que permitan la creación de establecimientos que por su calidad y especificidad constituyan un real aporte a la educación de los hijos de las familias del sector.


En conclusión:


Por los argumentos aquí expuestos, debe evitarse la sensación de que lo buscado es favorecer la educación pública -que sería razonable- pero no si es en desmedro de la particular subvencionada. La sola naturaleza e identidad de la educación pública, resultan más que suficientes para justificar el indiscutible valor de su existencia, que enriquece y fortalece la libertad de enseñanza como una alternativa irrenunciable a la hora de elegir.


Su prestigio debe pasar, entre otras, por las posibilidades de elaborar proyectos educativos propios y pertinentes, de la calidad de su servicio, y de la fidelidad a su identidad única. Lo anterior está relacionado con establecimientos de gestión moderna, con mayores grados de autonomía curricular, con la administración directa de sus recursos, con libertad para seleccionar a sus docentes y personal, con facultades reales a la hora de evaluar su profesionalismo y tomar decisiones, con ambientes que generen una sana convivencia, en donde la persona de los alumnos y su vida, estén al centro de todo el hecho educativo. Nada de esto puede estar amenazado por la educación particular subvencionada.


Por ello, es muy importante que la ciudadanía y las comunidades educativas, perciban que lo que se busca con esta Reforma es el bien de la educación de todos los niños y niñas del país y de las libertades y derechos propios de la Democracia. Que por eso mismo, en un alto porcentaje todos se sientan involucrados en ella, y en el trámite legislativo con posibilidades reales y serias de ser escuchados y de aportar para su mejoramiento y éxito.

 

+ Héctor Vargas Bastidas
Obispo de San José de Temuco
Presidente
Área Educación Conferencia Episcopal de Chile
educacion@episcopado.cl

 

Santiago, 21 de julio de 2014




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