Las comunidades campesinas de Intag, en el cantón Cotacachi de la provincia ecuatoriana de Imbabura, consiguieron una nueva victoria en su histórica defensa del territorio. Después de dos meses de resistencia comunitaria, la empresa minera Semperterra comenzó a retirar su maquinaria pesada de la zona, respondiendo a la presión ejercida por las poblaciones de Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y El Salto del Tigre, que desde abril mantenían acciones de vigilancia y control para impedir el avance de actividades extractivas que consideraban una amenaza para sus ríos, bosques y formas de vida.
La salida de las retroexcavadoras y volquetas comenzó el 7 de junio y continuó en los días posteriores, aunque las comunidades mantienen la vigilancia debido a que aún permanecen algunos vehículos dentro del territorio. “Nos sentimos contentos; ya es una lucha ganada porque eso era lo que queríamos: que se retiren”, expresó Irlanda Apolo, presidenta de la comunidad Naranjito, tras conocer la decisión de la empresa de abandonar la zona.
La retirada de la maquinaria se produjo después de que las comunidades instalaran un punto de control comunitario para impedir el ingreso y salida de personas y vehículos vinculados a la compañía minera, una medida adoptada para proteger el río Naranjal y los bosques circundantes.
Resistencia nacida de la defensa del agua y la naturaleza
Según relatan los habitantes, la empresa llegó al territorio en diciembre de 2025 con maquinaria pesada y sin un proceso previo de consulta o socialización con las comunidades.
Poco después, las familias comenzaron a observar cambios preocupantes en el río Naranjal. Las retroexcavadoras extraían material pétreo de los esteros que desembocan en el afluente, provocando el arrastre de sedimentos, alteraciones en la coloración del agua e incluso modificaciones en el cauce natural del río. “Prácticamente la empresa llegó como dueño de casa, sin permiso, sin socialización previa, sin hablar con las comunidades ni reunir a los directivos. Solo llegaron a nuestras tierras a dañar nuestros ríos y nuestros bosques”, denunció una comunera de la zona.
Aunque Semperterra contaba con autorización para construir un camino de herradura, los pobladores aseguran que ejecutó obras de mayor magnitud, abriendo una vía de aproximadamente 15 metros de ancho destinada a conectar con una concesión minera ubicada en las nacientes del río Naranjal.
Un escudo humano en el puente
Felipe Arteaga, presidente de la Mancomunidad del Gran Naranjito, denunció que las obras provocaron graves daños ambientales: “Han destruido la capa vegetal, talado árboles centenarios, atravesado propiedades de los habitantes y devastado porciones de tierras de Socio Bosque. Además, realizaron dragados en los esteros que desembocan en el río Naranjal para extraer material pétreo”.
La preocupación de las comunidades derivó en una creciente organización territorial. El 12 de abril las familias levantaron un escudo humano en el puente de ingreso a Naranjito y posteriormente establecieron un punto permanente de control comunitario.
Una gran asamblea campesina realizada el 19 de abril reunió a las comunidades de Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y Salto del Tigre, que resolvieron rechazar las actividades mineras y exigir la salida inmediata de la empresa. “Nos dimos cuenta de que esta empresa quería explotar directamente el oro de la zona. Las laderas desembocan en el río y ahí fue cuando rechazamos la minería”, recordó una de las participantes.
Denuncias ambientales y cuestionamientos a la empresa
La concesión denominada Martha Beatriz abarca más de 1.188 hectáreas y se ubica en una zona estratégica para el abastecimiento hídrico local. Diversas organizaciones ambientales han advertido que las actividades de Semperterra podrían afectar las cuencas de los ríos Naranjal, Guayllabamba, Quinindé y Esmeraldas, además de presentar áreas de superposición con territorios protegidos del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.
Según denuncias del Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador, Semperterra sería la nueva denominación de Terraearth Resources S.A., empresa vinculada anteriormente a daños ambientales en la provincia amazónica de Napo.
Entre los antecedentes señalados figuran la suspensión de licencias ambientales, denuncias por contaminación de ríos y sanciones por incumplimientos de la normativa ambiental. “Esta es la empresa que hoy pretende operar en Imbabura. No podemos permitir que se repita la historia de Napo”, alertaron las organizaciones defensoras del territorio.
La Iglesia acompaña la defensa de la Casa Común
La lucha de las comunidades encontró también el respaldo de la Iglesia. Tras conocerse el retiro de la maquinaria minera, Mons. Geovanni Paz, obispo de la Diócesis de Latacunga, expresó públicamente su apoyo a las familias que defienden el territorio. “Me alegro muchísimo de la organización de Intag para defender el territorio. Hay que seguir defendiendo los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Me uno a ese esfuerzo permanente de resistencia para que las compañías mineras salgan de la zona de Intag y de todos aquellos lugares sagrados y de aquella belleza natural”, manifestó.
Su mensaje posee un significado especial para las comunidades, ya que Mons. Paz conoce muy bien la realidad de Intag. Antes de ser obispo, ejerció su ministerio pastoral entre 1989 y 1996 en varias parroquias de la región, entre ellas Apuela, Peñaherrera, Cuellaje y Plaza Gutiérrez, acompañando de cerca la vida cotidiana de las familias campesinas y los primeros procesos de defensa territorial. Desde esa experiencia pastoral, el prelado recordó también el llamado del Papa Francisco a cuidar la Casa Común y a dejar a las futuras generaciones un mundo mejor que el recibido.
“Ánimo, sigan en la defensa de la naturaleza. Defender la naturaleza es defender la vida. Y defender la vida es pensar siempre en el mañana. Que Dios les bendiga a todos”, expresó dirigiéndose a las comunidades de Naranjito, Santa Rosa, Rumiñahui y Salto del Tigre.
Victoria que no pone fin a la lucha
La presión comunitaria logró que las autoridades ambientales realizaran inspecciones en el territorio. Los informes técnicos identificaron incumplimientos a la normativa vigente, lo que derivó en la revocatoria de permisos y en la orden de retiro de la maquinaria: “No tienen documentos, es una minería ilegal. Por eso proceden a retirarse. Estaremos vigilantes hasta el final porque queremos que se declare territorio libre de minería”, dijo una dirigente comunitaria.
Sin embargo, los habitantes advierten que la salida de la empresa no significa el final de la movilización. Las comunidades continuarán impulsando acciones legales para lograr la anulación definitiva de las concesiones mineras y proteger los ecosistemas que sostienen sus actividades agrícolas y la vida de futuras generaciones. “Es una victoria, pero sabemos que esto no significa que aquí va a terminar todo. Vamos a defender el territorio para toda la vida; esa es la decisión que tomó la gente”, aseguró Felipe Arteaga.
La resistencia de Intag se suma a una larga historia de defensa territorial que se remonta a la década de 1990. Durante más de tres décadas, las comunidades lograron frenar proyectos impulsados por empresas nacionales e internacionales, convirtiendo a este valle megadiverso en un referente latinoamericano de organización campesina y protección de los bienes comunes.